PUBLICIDAD OFICIAL: EL GOBIERNO DEBE CUMPLIR CON EL FALLO PERFIL

15 de Agosto, 2012

Publicidad oficial: el Gobierno debe cumplir con el fallo Perfil

En este artículo de ADC se analiza el fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Estado Nacional cumplir la sentencia de la Corte Suprema de otorgar pauta oficial a la Editorial Perfil. La ADC considera que se trata de una nueva decisión favorable a la libertad de expresión y hace hincapié en la obligación estatal de regular la distribución de la pauta oficial según estándares internacionales.

Otro fallo judicial volvió a dar la razón a la Editorial Perfil en su reclamo por discriminación en el reparto de la publicidad oficial. Esta semana, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Estado Nacional cumplir la sentencia de la Corte Suprema e incluir a medios de la editorial en la distribución de pauta.

Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la ADC expresó que “se trata de una nueva decisión favorable a la libertad de expresión y hace hincapié en la obligación estatal de acatar los fallos del máximo tribunal. Esta resolución debería servir, además, para volver a colocar en la agenda de debate la imperiosa necesidad de discutir y adoptar una regulación de la publicidad oficial que respete los estándares internacionales de derechos humanos” .
 
En marzo de 2011, la Corte condenó al Poder Ejecutivo Nacional por excluir de la pauta oficial a publicaciones de Perfil en castigo por no ser "afectas al gobierno de turno". La Corte, confirmando la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, ordenó que el gobierno distribuyera avisos oficiales en las distintas publicaciones de la editorial en un plazo de quince días, respetando un “equilibrio razonable con aquéllas de análogas características”. Ante el incumplimiento de la sentencia, el Estado fue multado. 
 
La ADC había presentado una opinión jurídica (amicus curiae) en respaldo del amparo presentado por Perfil en el año 2006, en el cual había alegado que la absoluta negativa a contratar publicidad oficial en los medios de Perfil -al mismo tiempo que se pautaba en todos los medios de comunicación de similares características- “no parece estar fundada en criterios lógicos o razonables que entren dentro de las facultades discrecionales del Estado, sino en una decisión política de excluir deliberadamente a ciertos medios de comunicación en razón de sus líneas editoriales”.
 
En este nuevo fallo, el tribunal integrado por los jueces Jorge Eduardo Morán, Marcelo Daniel Duffy y Rogelio Vincenti, intimó al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 15 días presente un esquema de distribución de publicidad oficial que comprenda a las revistas Noticias y Fortuna, y al diario Perfil. Dicho esquema debe ajustarse a las “pautas de proporcionalidad y equidad” ya establecidas por la Corte.
 
La sentencia de la Cámara tiene aspectos destacados, ya que enfatizó que el esquema de reparto debe ser suficientemente detallado y preciso, para habilitar el control judicial sobre “la ilegalidad o irrazonabilidad en la conducta u omisión estatal en la asignación de los fondos gubernamentales”. Es decir, el plan debe estar confeccionado de modo tal de permitir que un juez pueda determinar si se ha respetado efectivamente el “equilibrio razonable” entre las publicaciones mencionadas y las calificadas como de “análogas características”. Además, la Cámara ratificó que la sentencia sólo alcanza a las revistas Noticias y Fortuna y al diario Perfil, y no a otras publicaciones de la Editorial, ya que son sobre las cuales se hizo el reclamo original.
 
Finalmente, la Cámara se mostró preocupada por asegurar el cumplimiento del fallo y, en general, reafirmar la obligación de respetar las decisiones de la justicia. En tal sentido, destacó “la trascendencia que tienen todas y cada una de sus decisiones, las que no pueden graciosamente desconocerse so pena de transgredir y afectar en forma grave la sustancia misma de nuestra nación, como es la efectiva vigencia del estado de derecho". A tal fin, estableció una multa diaria de 1000 pesos al Estado por cada día de demora en el cumplimiento de su decisión.
 
Este nuevo fallo viene en consonancia con los parámetros sugeridos por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la distribución de la publicidad oficial y que dio a conocer en su informe anual de abril de 2011, en el cual se incluye un capítulo sobre principios de regulación de la publicidad oficial.  
 
Fuente: ADC - Asociación por los Derechos Civiles
 

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