EL SEGUNDO ABUSO: UN INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO QUE DA LA JUSTICIA A LAS DENUNCIAS DE ABUSO

17 de Octubre, 2011

El Segundo Abuso: Un informe sobre el tratamiento que da la justicia a las denuncias de abuso

¿Cómo responde la Justicia argentina cuando un chico víctima o testigo de algún delito acude a ella? La respuesta por ahora, lamentablemente, es sólo una: depende. ¿De qué? Un informe completo en la última edición de la revista digital Capítulo Infancia X Mes.

Por Adrián Arden
Con la colaboración de Mariano Nino y Sabrina Viola, de ADC

¿Cómo responde la Justicia argentina cuando un chico víctima o testigo de algún delito acude a ella? La respuesta por ahora, lamentablemente, es sólo una: depende. ¿De qué?
 
De cómo los distintos organismos judiciales se hayan adecuado a los procedimientos que estableció en 2004 la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, tendientes a reducir el trauma y la revictimización asociados a prestar declaración ante un juez o tribunal en las mismas condiciones en las que lo hace un adulto. Una reforma que en los hechos no se aplica en todos los lugares de la misma forma y, en otros, ni siquiera se aplica. Y, también, una reforma que tuvo un antecedente que puso el tema en discusión pública dos años antes y sirvió para ejemplificar lo que le ocurre a muchos chicos y chicas que acuden a la Justicia luego de una situación tan traumática.
 
Fue a partir de la historia de un niño de cuatro años, que vivía en Capital Federal, que era abusado por su padrastro.
 
Al enterarse de esto, su madre realizó la denuncia en la Policía Federal, y a partir de eso, el niño fue sometido a una decena de intervenciones judiciales, entre estudios, pericias y declaraciones testimoniales con el pretexto de obtener más y más información.
 
Cuatro años después de la denuncia, el caso no había sido resuelto, al tiempo que la madre realizaba numerosas presentaciones de recursos para lograr que su hijo deje de ser violentado por el propio Poder Judicial, pero sin respuesta alguna.
 
La próxima instancia a la que acudió fue la Corte Suprema de Justicia y desde allí recién llegaron las respuestas: un fallo de ese alto tribunal revocó la decisión de una jueza de primera instancia que pedía una nueva declaración testimonial del niño y aseguró que el daño psicológico que este podía sufrir por las reiteradas convocatorias y exámenes resultaba irreparable.
 
Fue este primer caso el que puso en evidencia las numerosas y gravísimas falencias en los órganos del Estado argentino para abordar situaciones vinculadas con los chicos víctimas de delitos, especialmente el abuso.
 
Y fue a partir de ahí que empezaron a visualizarse algunos cambios.
 
Pero todavía queda mucho por hacer.
 
Hasta la reforma, pericias excesivas e inadecuadas
 
"Esa fue la primera vez que la Corte dijo algo del tema y eso fue importante. Fue en el año 2002 y la nena ya tenia 8 años, el hecho había sucedido cuando ella tenía 4. Es cierto que a partir de ahí empezó a dársele más relevancia al problema, que hasta entonces era una practica habitual. Pero también es cierto que la madre era abogada y tenía más recursos para poner en evidencia esta situación, algo que no siempre pasa", asegura Mariano Nino, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que trabaja capacitando a miembros del Poder Judicial de todo el país para mejorar el abordaje de estos casos
 
Hasta el momento del fallo, casos como este eran tratados con una lógica poco respetuosa del derecho de niños y niñas. Con la excusa de lograr más información y corroborar que sean ciertos los dichos, se sometía a chicos y chicas a múltiples entrevistas, exámenes y pericias, que casi siempre resultaban excesivos e inadecuados. "Eran realizados por diferentes operadores como policías, médicos, jueces, funcionarios del juzgado, psiquiatras, sin entrenamiento específico para la tarea. Por otro lado, los ámbitos en los que se atendía a niños y niñas eran los mismos que se usaban para trabajar con adultos, o sea, consultorios y despachos sin divisiones adecuadas para aislar los sonidos y preservar la intimidad, con decoración intimidatoria para cualquier adulto, por lo tanto peor para un niño, o con pasillos donde circulan muchas personas, incluso policías con detenidos esposados", agrega Nino.
 
¿Cuál era el resultado de esto? Que los chicos rememoraban una y otra vez la situación vivida, con el consiguiente estrés y efecto postraumático que ello genera. Lo que se conoce como revictimización.
 
La reforma del Código Procesal
 
No fue hasta la reforma del Código Procesal Penal de la Nación que se estableció un procedimiento especial para la toma de declaración de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad física y sexual, en el año 2004.
 
Uno de los dos artículos incorporados, el 250 bis, establece que todo niño o adolescente víctima de delitos contra la integridad sexual o lesiones, menor de 16 años, sólo puede ser entrevistado por un o una psicóloga o especialista en niños, designada por el tribunal, y nunca de manera directa por el tribunal o las partes.
 
También se estableció que cuando se trate de adolescentes de entre 16 y 18 años, el juez o tribunal deben requerir la opinión de la psicóloga sobre el posible riesgo para la salud que pueda conllevar la comparecencia ante el juez y a partir de allí evaluar qué procedimiento de entrevista corresponde.
 
Luego de esto, 19 legislaturas provinciales adecuaron en este
 
mismo sentido aunque con ciertas diferencias- sus códigos procesales penales. Otras cuatro establecieron procedimientos semejantes pero a partir de acordadas de sus tribunales superiores y sin que se sancionaran reformas legislativas, y sólo una (La Rioja) no ha emitido aún ninguna normativa al respecto.
 
Lo que ocurre en la práctica: ¿sólo basta que sean psicólogos?  
 
Pero en verdad lo que ocurre en la práctica dista mucho, en la mayoría de los casos, de lo que establece la letra de la ley. Un ejemplo es la obligatoriedad de que a las entrevistas las realicen psicólogos especializados en el contacto con chicos y chicas.
 
Según Nino, "no alcanza con que el profesional sea psicólogo para realizar las entrevistas de la mejor manera posible, sino que tiene que estar especialmente capacitado, y eso es lo que no hay. En ningún lugar hubo actividades estructuradas y sistemáticas de capacitación y también hay conflicto en los roles. En algunos lugares sí son psicólogos o profesionales de la salud mental los que toman estas entrevistas, pero en otros no. Es claro que la tarea sigue siendo de investigación penal, pero le tenés que agregar la protección del niño, entender su desarrollo evolutivo, las cosas que puede contestar y las cosas que no, no hacerles preguntas intimidantes. No alcanza con ser psicólogo".
 
Con esa opinión coincide Orlando Aguirre, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). "El trauma de haber sufrido un hecho de violencia o abuso se prolonga, en algunas ocasiones, durante el proceso judicial", dice, y agrega: "La situación es mucho más complicada en las provincias, faltan profesionales idóneos para tratar estos casos y no es una cuestión de presupuesto, es que los profesionales que están, no están capacitados. Cuando las cosas se quieren hacer el presupuesto aparece. No se le da la relevancia que tiene el tema. Aunque no sea una cantidad enorme de casos, lo cierto es que el Estado tiene que dar respuesta. El marco legislativo es adecuado, pero está retrasado respecto de la práctica. La Convención Internacional de los Derechos del Niño y la ley 26061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establecen el interés superior del niño pero no está acompañado por una inversión adecuada, que disponga la creación en los municipios de Consejos de Protección o la figura del ombudsman de la infancia, que tampoco se creó".
 
La cámara Gesell:  avances y retrocesos
 
Otro de los puntos que estableció la reforma del 2004 fue que la entrevista sea realizada en un gabinete especialmente acondicionado según la edad y etapa evolutiva del niño o adolescente y que eventualmente la entrevista pueda ser seguida desde otro recinto por los actores involucrados en la causa. Tampoco esto se cumple en la mayoría de los organismos judiciales del país.
 
Según Nino, "luego de la reforma cada provincia fue interpretando y ajustando las prácticas a lo que les parecía, a lo que podían. Sobre los gabinetes, lo que dice la normativa es que deben ser adecuados a la edad y la etapa evolutiva del niño. Interpretar eso permite esta variedad de respuestas que se fueron dando en cada jurisdicción. En muchos lugares esto del dispositivo técnico que permita que el acto pueda ser observado, seguido por las partes y el juez desde otras salas, se interpretó como la necesidad de instalar cámaras Gesell y estas básicamente tienen dos problemas: o están muy acondicionadas en términos infantiles, con muñecos por ejemplo, lo que puede se complicado para chicos que no están habituados a esos entornos, que se distraen y no pueden hacer las entrevistas, y también para los preadolescentes; o directamente todo lo contrario, lugares muy fríos, casi oficinas".
 
Y agrega: "Apuntamos a cambiar esta idea de la Cámara Gesell, es más conveniente instalar circuitos cerrados de televisión. En la Cámara Gesell necesitás que haya dos salas cerradas separadas por un vidrio, lo que puede originar problemas para aislar el sonido o las imágenes o no podés evitar que el chico y su agresor se crucen en los pasillos. En cambio con un Sistema Cerrado de Televisión, lográs que esas salas no estén pegadas, que los distintos actores no estén tan cerca y así protegés más al chico. Es más barato, más rápido de instalar. Si te mudás, podés cambiar los equipos más fácilmente y es mucho menos intimidante que una Cämara Gesell".
 
Diego Freedman es abogado y consultor de UNICEF en temas de derecho e infancia. Según su mirada, "el problema es que las Cámaras Gesell están en las capitales de las  provincias, no en el interior. Entonces hay que trasladar al niño o hacer las entrevistas de forma mas improvisada en la misma jurisdicción. Lo que se podría resolver con mecanismos menos sofisticados, como una videoconferencia, para evitar el traslado y hacerlo más rápido. A veces la Cámara está ubicada de forma que no garantice que el niño se cruce con el acusado. Por la videoconferencia vos podés lograr que el presunto abusador esté en otro lugar y no se cruce con el niño".
 
Sobre este punto, Aguirre agrega: "Si hubiera una infraestructura adecuada, la gente se animaría más a denunciar, se sentiría más protegida. Cuando ves en qué condiciones se toman algunas declaraciones, es muy intimidante. La victima vuelve a ser victima de vuelta".
 
El caso Morón, una realidad bastante común
 
El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Partido de Morón viene denunciando desde hace varias semanas que las entrevistas a chicos y chicas víctimas de abusos se están realizando en condiciones muy distintas de lo que indica la ley. Aseguran que la Cámara Gesell no se usa y, en cambio, se utiliza un consultorio en donde está permitido que los peritos de parte hablen con los chicos y presencien las entrevistas.
 
Beatriz Muller, integrante del Consejo, asegura que lo peor de todo es que la Cámara Gesell existe, pero no se la usa. "Las entrevistas se toman en un consultorio por parte del cuerpo técnico auxiliar y con la presencia de peritos de parte, lo que es altamente iatrogénico, antiético, dañoso y perjudicial para los chicos y chicas. La presencia del perito de parte del imputado genera en las víctimas el recuerdo y la evocación e una presencia que se evita a través de las medidas cautelares protectivas. Asimismo resulta imposible evitar algunas intervenciones que seguramente realiza el perito de parte del imputado y que una vez efectuadas funcionan con un nivel de daño imposible de predecir sobre el psiquismo de la víctima".
 
Según un comunicado difundido por el propio Consejo "tal vez resulte necesario alguna modificación legislativa que clarifique y reglamente el espíritu y el contenido de la Convención de los Derechos del Niño en esta materia, a fin de despejar cualquier tipo de duda y de descartar prácticas que pudieran ser reprobadas por anticonstitucionales, violatorias de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fuera de la ética de los actos psicológicos. Suma mayor preocupación que las mismas acciones se estarían realizando también en otros muchos departamentos judiciales por parte de los equipos del Cuerpo Técnico Auxiliar del Ministerio Público. Todo ello nos obliga a no mantener el silencio ante la mera sospecha de situaciones tan perturbadoras y dañinas".
 
Cuatro provincias, cuatro realidades
 
Según un informe elaborado para el Capítulo Infancia de Periodismo Social por Sabrina Viola, de ADC, la situación en las provincias es muy dispar. Tomemos cuatro ejemplos.
 
de justicia que los proteja y no termine vulnerandolos. Son situaciones que, aunque algunas bordean el sentido común, no siempre se cumplen como está establecido en leyes y acuerdos internacionales.
 
La cantidad de pericias y exámenes médicos
 
Uno de ellos es reducir la cantidad de exámenes médicos, como los ginecológicos. Es que, lamentablemente, la Reforma planteada en 2004 no hizo mención a este punto, entonces en algunas provincias y en determinadas situaciones estos estudios son reiterados y realizados por diferentes órganos y profesionales (policía, médico forense) sin capacitación adecuada.
 
"De esta forma, se afecta la integridad de la víctima y se favorece la inclusión de resultados divergentes que repercuten negativamente en la investigación y la acusación", dice Nino.
 
Y sobre este punto, Muller agrega: "Se llega al colmo de ordenar pericias o entrevistas cuando ya pasaron varios años de denunciado el abuso. Hay casos de nenas a las que, cinco años después del hecho, se les siguen pidiendo pericias psicológicaseso es absolutamente violento".
 
La investigación previa
 
En lo que respecto al conocimiento que quienes tomen la entrevista a chicos y chicas deben tener sobre ellos, también es posible señalar algunas fallas. Mientras que en otros países como Estados Unidos y algunos del Reino Unido se recomienda preparar la entrevista testimonial recolectando información esencial sobre la víctima, su contexto de desarrollo, situación escolar, necesidades especiales, etc, esto no siempre ocurre en los procesos judiciales en algunas provincias.
 
"Generalmente el conocimiento sobre el caso y la situación del niño o el adolescente por parte de los o las psicólogas se limita a la lectura del expediente y a la recepción de un pliego de preguntas por parte del juez o fiscal. Son excepcionales los casos y los poderes judiciales donde existe intercambio de información y planificación conjunta y consensuada de la entrevista entre los diferentes actores", señala Nino.
 
La poca asistencia a las víctimas y sus familiares
 
Otro aspecto descuidado y de suma importancia consiste en la falta de orientación, asesoramiento, asistencia y tratamiento a las y los niños y sus familias que atraviesan estas situaciones tan complejas y angustiantes. Es decir, informarlos, orientarlos, sobre su situación, el estado de la causa y los requerimientos procesales. En coordinación con otras agencias gubernamentales, se debería brindar contención psicológica, asistencia social y asistencia económica ya que muchas veces estas denuncias involucran a familias vulnerables donde el imputado es el principal sostén económico del grupo familiar-.
 
"En este contexto, los apoyos t contenciones externas al propio grupo familiar pueden ser decisivos para que la niño o el niño o adolescente sostenga la denuncia y el proceso judicial", dice Nino. 
 
Completa Freedman: "La gente a veces no está informada sobre los temas vinculados al abuso y qué condiciones puede pedirle a la Justicia. Hay falta de información de gente que piensa que el abuso sólo lo pueden denunciar o el chico o sus familiares, y eso no es así. También es cierto que la gente no sabe cómo es el procedimiento y no denuncian por miedo a la revictimización a que el chico sufra más aún".
 
 
 

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