EL ACCESO A LA INFORMACIóN PúBLICA OBTUVO EL PRIMER FALLO FAVORABLE

30 de Octubre, 2014

El Acceso a la Información Pública obtuvo el primer fallo favorable

El Estado Provincial deberá dar a conocer los destinos reales de 38 millones de pesos del FET, que deberían estar destinados productores tabacaleros afectados por el granizo.

Se conoció hoy el primer fallo judicial de la provincia de Misiones en favor del acceso a la información pública, tramitado en el marco del también primer amparo por denegación de este derecho en base a la Ley Provincial IV N° 58. El fallo de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro a través de su apoderado, el abogado Isaac Lenguaza, y con el patrocinio letrado del abogado Rodrigo Bacigalupi. Condenando a la Secretaría de Acceso a la Justicia, al Ministerio del Agro y la Producción y al Estado Provincial a entregarle a Bárbaro la información relacionada al Fondo de Granizo, unos 38 millones de pesos del Fondo especial del Tabaco (FET) que llegaron a Misiones desde la Nación para cubrir los daños en plantaciones y galpones de tabacaleros en el período 2012/2013.
 
La jueza Margarita Berti de Benmaor, titular del Juzgado Civil y Comercial n° 2, ordenó que, en un plazo de veinte días, los organismos estatales condenados entreguen los listados completos de productores tabacaleros afectados por granizo en el período 2012/13; los montos percibidos por cada productor por seguro de cosecha; la ubicación de plantaciones y los galpones supuestamente afectados y el listado completo de productores que sufrieron daños en los techos de los galpones; todo ello porque cuando se les requirió esta información por el trámite administrativo, solo entregaron un listado parcial que justificó la inversión de casi un millón y medio de pesos, mientras que nunca pudo saberse como se invirtieron los 36 millones restantes.
 
Este dinero fue ejecutado por la Asociación de Plantadores de Tabaco (APTM) y la Cámara del Tabaco (CTM) para el contrato y pago de una compañía aseguradora y ayuda directa a los afectados.
 
Los subsidios del FET deben ser rendidos por trimestre calendario vencido, tanto al Tribunal de Cuentas de la Provincia en forma directa de cada organismo, como a la SAGPyA a través de la unidad de coordinación provincial FET, pero ante la sospecha de que se inventaron beneficiarios para desviar parte de la millonaria suma, el listado que fue requerido a estos organismos nunca apareció y se guardó “bajo siete llaves” durante más de un año y medio.
 
“En el primer listado parcial que sí nos dieron, aparecieron todos los ex dirigentes de la Cámara del Tabaco, sus parientes, sus esposas, sus primos, sus cuñados, todos cobrando sumas importantes sin haber sido afectados y en perjuicio directo de los productores reales. Ahora esperamos acceder a la información completa, porque si detectamos semejante nivel de desvío en apenas una pequeña parte de la información, imagínense la olla que se está por destapar con el resto”, dijo el legislador, quien siempre sostuvo que tras el contrato de la aseguradora hubo una estafa a los colonos y malversación de fondos.
 
En el fallo, la magistrada señaló que el Estado no logró acreditar que el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones cumplió su rol de contralor del uso de esos fondos como organismo responsable ante la nación, y si exigió la rendición de los millones en juego, o si castigó el incumplimiento o la falta de rendición adecuada. También señala el fallo que “tampoco se acredita el contralor del Tribunal de Cuentas”.
 
“No se puede tener en claro si hubo otros damnificados y que destino se dio al resto del dinero disponible para los fines que se dispusieron, por lo que no resultan suficientes las planillas anexas que obran en autos para tener por informados los puntos requeridos por el ciudadano Bárbaro. Tampoco surge si no hay más damnificados y ha sido devuelta alguna suma de dinero, a la que no se le dio el destino para el que fue depositada. Ante dicha situación que se ignora y siendo que el accionante cuenta con un derecho a la información que está consagrado en la Constitución Nacional, los demandados están obligados a brindar la información requerida”, señala el fallo, y agrega que “Los datos requeridos hacen a la transparencia y a la publicidad de la administración por parte de los organismos estatales involucrados, por los que debe responder la parte demandada como administración central”.
 
Fuente:http://www.territoriodigital.com/