DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA. ENTREVISTA A FLAVIO FUERTES, DEL PNUD ARGENTINA

5 de Septiembre, 2013

Derechos Humanos y empresa. Entrevista a Flavio Fuertes, del PNUD Argentina

El concepto de derechos humanos aplicado a las empresas, las ventajas de este enfoque, los estándares, el contexto actual y los beneficios generados de la responsabilidad social corporativa, el papel del PNUD, y otros temas en esta entrevista realizada al Oficial de Proyectos del PNUD Argentina, Gobernabilidad Democrática y Punto Focal del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Además el manual

(Foto: Confederación Sindical de las Américas / www.everystockphoto.com)
 
¿Cómo se aplica el concepto de “derechos humanos” a la empresa?
 
De la misma manera que se aplica a otras organizaciones, como el sector público y las organizaciones de la sociedad. Debemos tener en cuenta que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 sostenía que los derechos humanos “requieren ser protegidos por la comunidad en general, pues la historia demuestra que están bajo amenaza”.
 
Lo que ha cambiado en los últimos años es el reconocimiento de que un sistema realmente efectivo de protección de los derechos humanos requiere de una activa participación del sector privado. En el entendido que las empresas, si bien no son responsables de proteger los derechos humanos, al menos deben garantizar que en sus operaciones y en sus interacciones con los grupos de interés, se respeten los mismos. Y que, en caso de que suceda alguna vulneración, existan mecanismos de remediación efectivos.
 
¿Qué rol puede cumplir el sector privado en la difusión de los derechos humanos? ¿Por qué es importante incorporar el enfoque de derechos humanos a las empresas?
 
La empresa es un actor con gran potencial de impacto, tanto positivo como negativo, en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Es por ello que el ordenamiento jurídico mundial va reconociendo crecientemente la necesidad de asegurar que ella respete de modo efectivo los pisos mínimos internacionalmente reconocidos. En igual medida, la elaboración y puesta en práctica de una política en materia de derechos humanos, permite a la empresa obtener beneficios comparativos con sus competidores y forjar una sociedad y mercados sustentables (ventajas directas); así como neutralizar o mitigar riesgos diversos (ventajas indirectas).
 
Desde la primera perspectiva, los derechos humanos no sólo involucran una responsabilidad, sino que constituyen también una gran oportunidad. La actuación en este campo genera ventajas tangibles, en la medida en que contribuye a:
 
-Consolidar la reputación de la empresa y la imagen de sus marcas y productos frente a un consumidor cada vez más informado sobre el desempeño local y global de las compañías. El liderazgo ético es un elemento clave para el éxito sustentable de cualquier empresa.
 
-Mejorar el escenario de reclutamiento y retención de personal. Una política firme de respeto a los derechos humanos incrementa la lealtad, orgullo y sentido de pertenencia hacia la firma. La imagen de la empresa en la comunidad constituye un valor decisivo para sus trabajadores que se proyecta hacia sus relaciones personales y sociales y que –por ello- no debe ser menospreciado. Las mejores empresas –también en el plano ético- atraen a los mejores empleados.
 
-Promover una mayor productividad y motivación del personal en función de las variables de lealtad y pertenencia apuntadas antes. Un vínculo laboral o comercial construido en base al respeto de valores fundamentales para las personas, tiende a ser más duradero y sustentable.
 
-Perfeccionar la cadena de valor de la empresa. Encarar una adecuada política en derechos humanos supone poner en marcha un proceso de entrenamiento, supervisión y control de proveedores y contratistas que no sólo mejora su desempeño  respecto del personal o la comunidad, sino también la eficiencia en sus procesos productivos.
 
-Asegurar un marco estable y previsible de funcionamiento. La afectación de derechos humanos conduce tarde o temprano a situaciones de conflicto social y político que comprometen el normal desarrollo de las actividades privadas.
 
-Asegurar y preservar la licencia social para operar. Por una parte, una conducta responsable puede permitir a la empresa continuar sus operaciones en áreas y países donde los derechos humanos sean una temática especialmente sensible, pues sus iniciativas pueden contribuir a abordar tensiones sociales o políticas. De la misma manera, contar con buenos antecedentes en este campo permitirá acceder a nuevos mercados, en especial aquellos altamente regulados o dependientes de autorizaciones estatales, como los que involucran bienes y servicios públicos. Ellos conjugan en ocasiones resistencias sociales a la participación privada y reclamos por necesidades básicas insatisfechas que esos antecedentes ayudarán a superar. Por último, los derechos humanos suman consumidores al mercado, al mejorar sus condiciones de vida.
 
¿Qué estándares de derechos humanos y empresas se aplican hoy en día en Argentina? ¿Qué tan difundida está esta práctica? ¿Y en el resto de América Latina?
 
Durante un largo tiempo las estrategias de protección de los derechos humanos posaron su mirada casi exclusivamente en el rol del Estado. A medida que el papel y el impacto global de las empresas fueron en aumento, también su nivel de exposición en esta materia creció significativamente. Desde mediados del siglo XX, la responsabilidad corporativa por violaciones a los derechos humanos viene alcanzando un vertiginoso desarrollo que terminó por instalarla, en especial a fines de la década del  noventa, en la agenda de discusión de Naciones Unidas y otros foros globales.
 
La propuesta aprobada por el Consejo de Derechos Humanos basado en los pilares “Proteger, Respetar y Remediar” no es muy conocida en la Argentina (y sospecho que tampoco en el resto de América Latina); es por ello que el PNUD Argentina y la red local del Pacto Global desarrolló una Guía sobre Empresas y Derechos Humanos que incluye un análisis detallado de los Principios Rectores, recomendaciones para su implementación y también herramientas -como indicadores de calidad y evaluación, análisis de experiencias exitosas e información práctica- que ayudarán a las empresas a conocer y operar en el nuevo contexto. Con la difusión de la Guía, el PNUD Argentina procura poner a disposición de las empresas un instrumento de consulta y referencia para las actividades cotidianas que también sirva para enmarcar el diseño, gestión e implementación de propuestas innovadoras de responsabilidad social con apego a los derechos humanos.
 
¿Que beneficios ven las empresas en incorporar estos estándares?
 
El informe del Prof. Ruggie es muy clarificador en este sentido pues sostiene que “las empresas saben que si quieren obtener y retener su permiso legal de funcionamiento deben cumplir todas las leyes aplicables. Sin embargo, con el tiempo han constatado que la observancia de la ley por sí sola no les garantiza el permiso social de funcionamiento, sobre todo cuando la ley es débil. El permiso social se basa en las normas sociales prevalecientes, que pueden ser tan importantes como las normas legales para el éxito de la empresa. Como es natural, las normas sociales pueden variar según las regiones o las industrias, pero una de ellas ha conseguido el reconocimiento casi universal de los interesados: la responsabilidad de la empresa de respetar los derechos humanos o, más sencillamente, de no vulnerar los derechos de los demás”.
 
La licencia social para operar es un ejercicio que las empresas practican con la responsabilidad social y obtenerla puede ser tanto, o más importante, que otras condiciones de negocio dada la exposición a la cual se ven sometidas hoy en día las empresas. Basar entonces una estrategia de responsabilidad social empresaria en los derechos humanos, puede aumentar las chances de una empresa de obtener dicha licencia social por parte de los grupos de interés o stakeholders.
 
Existen también ventajas indirectas de incorporar estos estándares. Una actitud proactiva de la empresa frente a los derechos humanos, permite neutralizar o mitigar los siguientes riesgos:
 
-Legal y el valor estratégico de la debida diligencia
-Reputación de la empresa y la creciente conciencia del consumidor
-Operacional y los costos económicos por demoras en proyectos de inversión y/o
-Financiero por pérdida o retiro de inversores
 
¿Qué diferencia al Marco de las Naciones Unidas “Proteger, respetar y remediar” respecto de los demás estándares?
 
Existieron varios intentos del Sistema de Naciones Unidas por tratar de dar respuesta a esta demanda de mayor protección a los derechos humanos y, especialmente, de involucrar al sector empresarial. Uno de los primeros resultados de ese creciente interés de la ONU fueron las “Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos”. Elaboradas en 2003 por un órgano asesor de la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su denominador común pasaba por imponer a las empresas obligaciones de protección y promoción de los derechos humanos prácticamente equivalentes a las que pesan sobre el Estado. Probablemente debido al alcance e intensidad de las obligaciones que establecía, esta iniciativa no recibió el apoyo esperado y, ante esa reacción, la Comisión de Derechos Humanos decidió modificar el abordaje de la temática y apuntar al logro de mayores y más perdurables consensos.
 
Fue así que en 2005 se designó al profesor de la universidad de Harvard, John Ruggie, para encarar, como “Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, un nuevo proceso inspirado en el Pacto Global. Su mandato inicial era básicamente de diagnóstico: señalar y aclarar normas uniformes sobre la responsabilidad empresarial en la esfera de los derechos humanos, precisar la función de los Estados en ese campo, elaborar materiales y metodologías de evaluación de las repercusiones de las actividades empresariales en esos derechos y recopilar un compendio de prácticas óptimas de Estados y empresas. Sin embargo, la labor de Ruggie terminó transcendiendo claramente los alcances de una tarea descriptiva.
 
El recorrido –que llevó desde el nombramiento en 2005 a la presentación del informe final en 2011- tuvo básicamente tres fases:
 
Entre los años 2005 y 2006 se describió el “estado del arte” de la temática vinculada con empresas y derechos humanos. Esto permitió explicitar las diferencias de la iniciativa actual con aquellas experiencias previas que pretendían equiparar las obligaciones de las empresas con las del Estado.
 
Efectuado ese diagnóstico inicial, en 2007 se pidió a Ruggie que avanzara en la formulación de recomendaciones. Esa tarea dio lugar a la presentación del Marco “Proteger, Respetar y Remediar”, elaborado con el fin de nuclear una serie de análisis e iniciativas que estaban dispersas hasta ese momento.
 
El Consejo de Derechos Humanos hizo propio el Marco propuesto y dio lugar a la tercera etapa del proceso (2008-2011) al encomendar a Ruggie que lo pusiera en práctica y presentara recomendaciones concretas para su implementación, brindando orientación a Estados, empresas y otras partes interesadas. Ello habilitó un inédito proceso participativo a nivel global que se tradujo en decenas de consultas internacionales, visitas a más de 20 países e intervención y opinión de miles de personas –expertas o no-, empresas, gobiernos y ONGs provenientes de 120 países .
 
En junio de 2011, el Prof. Ruggie presentó ante el Consejo de Derechos Humanos las recomendaciones bajo la forma de “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” como modalidad de puesta en práctica del Marco de las Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”. Finalmente, el 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los Principios Rectores y activó la cuarta fase al establecer para los próximos tres años (2011-2014) un Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas integrado por diferentes personalidades reconocidas en el tema.
 
¿Qué rol juega el PNUD en la difusión de estos estándares?
 
El PNUD juega un papel trascendental no sólo en la difusión de los estándares sino también en la adopción de las recomendaciones del Informe del Prof. Ruggie por parte de los estados y del sector privado. Es importante mencionar que, desde la perspectiva de estos estándares, las violaciones a los derechos humanos cometidos por las empresas se producen muchas veces como consecuencia de las “lagunas de gestión” que tienen los Estados nacionales ante el crecimiento desmesurado de poder de las empresas transnacionales. Ayudar a resolver estas “lagunas de gestión” es, desde la perspectiva del PNUD, fortalecer las capacidades estatales para, por ejemplo, garantizar la efectividad  de los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. La concentración de recursos naturales y minerales de la región permite pensar que América Latina tendrá, en los próximos años, una importante llegada de empresas extractivas que deberían operan bajos los estándares recomendados por el Prof. Ruggie. Para el PNUD, ayudar a los gobiernos nacionales a diseñar una política de atracción de inversiones que concilie los intereses económicos con la creación de valor social y ambiental para las comunidades (incluyendo a las minoritarias), es clave para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. Finalmente, la creación de escenarios de diálogo entre las empresas y las comunidades que están muchas veces asentadas sobre grandes recursos minerales puede ser un punto de entrada para la labor del PNUD en la región.
 
¿Cuáles son los desafíos pendientes?
 
Todos. Es importante trabajar en el plano de la difusión con todos los grupos de interés, desde la comunidad inversora y las empresas transnacionales, desde los decisores de políticas públicas a nivel nacional a los gestores locales; de las empresas nacionales hasta los consumidores y todos los grupos que se relacionan directa o indirectamente con las operaciones de una empresa. El siguiente paso sería, ni más ni menos, que los Principios y Recomendaciones del Prof. Ruggie sean efectivamente aplicados por los gobiernos, las comunidades y las empresas. Sólo así sabremos si tanta energía y tiempo dedicados a la elaboración de estos estándares realmente tienen el impacto deseado.
 
Fuente: Revista Humanum (www.revistahumanum.org)
 

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